Después de la crisis inflacionaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, muchos países europeos impusieron impuestos temporales a los supuestos beneficios extraordinarios de sectores clave, como el bancario y el energético. Sin embargo, países como Francia, Alemania e Italia han eliminado estos gravámenes. España, por el contrario, ha decidido mantener esta tasa, convirtiéndose en la única gran economía de la UE que lo hace. Este impuesto se aplica para mitigar el impacto de la crisis y generar ingresos adicionales para financiar medidas sociales, argumentando que las empresas en estos sectores han tenido beneficios excepcionales durante la crisis. Sin embargo, su permanencia está siendo objeto de debate, tanto por parte de las empresas afectadas como desde algunos sectores políticos.
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