La Ley del Impuesto Sobre Sociedades regula un régimen especial para determinadas operaciones de reestructuración societaria. Se entiende por operaciones de reestructuración aquellas que afectan a la estructura patrimonial de las sociedades.
Este régimen especial es consecuencia de la trasposición a nuestro ordenamiento interno de la regulación contenida en la Directiva 90/434/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1990.
Este precepto dispone que la fusión, escisión o escisión parcial no implicará gravamen alguno sobre las plusvalías determinadas por la diferencia entre el valor real de los elementos de activo y de pasivo transferidos y su valor fiscal.
Este régimen es opcional para los contribuyentes y su principal objetivo es que la fiscalidad no suponga ni freno ni estimulo en la toma de decisiones de reorganización empresarial. Si el cambio estructural está fundado en un motivo económico valido, la fiscalidad debe jugar un papel neutral.
Por ello la aplicación de este régimen implica un diferimiento de la tributación de las rentas que se pongan de manifiesto con la operación. Con implicación tanto en el impuesto de sociedades, como al impuesto de ITP – AJD, y al I.I.V.T.N.U.
En cuanto a los requisitos y en primer lugar, la operación de reestructuración tiene que cumplir con las definiciones de la Ley del Impuesto Sobre Sociedades. La Ley recoge qué tipo de operaciones tienen consideración de fusión, escisión o aportación de rama de actividad.
En segundo lugar, la operación realizada debe ser comunicada a la Administración Tributaria.
Y finalmente, la operación no debe tener por finalidad el fraude o la evasión fiscal. Conforme indicábamos antes, es necesario que la operación tenga como base en un motivo económico valido.
La Ley del Impuesto Sobre Sociedades recoge que este régimen será igualmente aplicable en aportaciones de rama de actividad efectuadas por contribuyentes empresarios personas físicas.
En este supuesto, la Ley exige cumplir un requisito adicional, consistente este en que la persona física debe llevar su contabilidad conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, es decir, requisito imprescindible para poder acogerse al régimen fiscal especial es que el empresario persona física lleve una contabilidad. La contabilidad debe estar reflejada en libros contables, los cuales deben ser legalizados anualmente en el registro mercantil.
En definitiva, el régimen fiscal especial de las operaciones estructurales ha supuesto una ventaja en la reorganización empresarial. Es así que permite a las entidades y participes de estas operaciones tener una neutralidad fiscal con las rentas que se generan en dicha operación.
