Es raro el medio de comunicación que de poco tiempo a esta parte no se haya hecho eco de la polémica suscitada acerca del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Particularmente entiendo que se trata de un impuesto injusto además de discriminatorio, pues a efectos de este, el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española parece que se incumple en el sentido más amplio de la palabra. Y es que el “todos somos iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de su nacimiento” parece que tiene excepciones, pues a estos efectos y por poner un ejemplo, no es lo mismo un andaluz que un madrileño, ni un asturiano que un canario.
Con este trato distinto, no se ha conseguido otra cosa que determinados patrimonios hayan emigrado a otras comunidades donde la fiscalidad es más favorable, como es el caso de Madrid, donde no solo el Impuesto sobre Sucesiones es meramente anecdótico, sino que también a ello se une la inaplicación del Impuesto sobre el Patrimonio así como la cuota del tramo autonómico del IRPF es varios puntos inferior al de Andalucía por poner un ejemplo.
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